Las gremiales se reunieron a partir de las 8.30 de ayer y por dos horas en la sede de la Cámara de Industrias del Uruguay y definieron que la próxima semana pondrán por escrito todos las sugerencias que quieren introducir al proyecto de ley de responsabilidad penal de los empleadores. Tal como fue aprobado por la Cámara de Representantes genera mucha preocupación en los empresarios. De la reunión participaron la Cámara de Industrias, la cámara de Comercio y Servicios , del Transporte, la Intergremial del Transporte Profesional de Cargas, la de Turismo, Andebu y la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas empresas, entre otras.
En diciembre pasado, gestiones de última hora de las gremiales ante el vicepresidente de la República, Danilo Astori, llevaron a que la aprobación de la ley por parte de la Cámara de Senadores quedase postergada hasta marzo. Pero hay sectores frenteamplistas, en particular el Partido Comunista, que han dejado claro que quieren la aprobación rápidamente. La norma tuvo como decidido impulsor en la cámara baja al diputado suplente comunista y presidente del sindicato de la construcción (SUNCA), Óscar Andrade. El Partido Comunista no quiere introducir cambios al texto que fue aprobado en la cámara baja.
El 30 de diciembre pasado las cámaras conformaron un grupo técnico de abogados que ayer presentó sus primeras conclusiones.
Javier Carrau, presidente de la Cámara de Industrias, dijo a El País que las gremiales "quieren tener una posición de unidad porque hay mucha preocupación ya que esto es algo que le puede complicar la vida a cualquier empleador, por lo que el objetivo es que las cámaras presenten una posición de unanimidad". Las gremiales quieren enfatizar en la prevención porque a veces no se utilizan los elementos de seguridad que las empresas brindan a sus empleados. Para Carrau hay muchos elementos a definir y se preguntó, a modo de ejemplo, cómo se regulará el consumo de marihuana en la industria de la construcción. "El proyecto como está deja mucho que desear. Los accidentes pueden ocurrir por falta de cuidado del patrón o no. Lo que hay que hacer es buscar proteger la vida", dijo Carrau.
Las gremiales entregaron en diciembre pasado a la central sindical Pit-Cnt un borrador con algunos lineamientos generales que todavía no ha sido respondido.
Cristina Fernández, asesora de la Cámara del Transporte y protagonista de las gestiones contrarreloj que evitaron que el proyecto recibiera sanción parlamentaria en diciembre, explicó a El País que "la libertad del empresario, si hace las cosas bien, no debería estar en juego". "Tan importante como la prisión es tener los medios para la seguridad y la capacitación. La ley tiene que tener definiciones mucho más concretas de cómo se va a hacer la prevención en cada rama. Tiene que tener un protocolo para los hogares, la construcción, los frigoríficos. Hay un espectro muy amplio que tiene que estar contemplado en la ley", consideró. "Para los trabajadores lo peor que podría pasar es que la ley fuera algo impracticable. Los operadores jurídicos tienen que poder saber como abordar el tema porque no se puede jugar con la libertad de un individuo", señaló Fernández.
Los empresarios creen que la responsabilidad penal de los empleadores, que aceptan cuando se justifique, no debería aplicarse solamente en el sector privado y quieren extenderla al público.
"Esto tiene que ser algo para el bien de toda la sociedad", consideró Fernández. Las cámaras tienen claro que no tienen ya tiempo para que se apruebe un proyecto de ley sustancialmente diferente y apuntan solamente a introducir algunos cambios menores.
50 trabajadores mueren por año
El Ministerio de Trabajo calcula que cada año se producen 50 muertes por accidentes laborales en Uruguay.
Las gremiales empresariales quieren que cada rama de actividad tenga un protocolo de seguridad, cumplimiento obligatorio que deberá renovarse cada tres años. Cada trabajador debería recibir una copia de ese protocolo.
También consideran que no hay hoy en Uruguay un vacío legal y que ya existe la responsabilidad penal de los empleadores en caso de accidentes laborales.
Algunos sectores frenteamplistas también coinciden en que debería realizarse un estudio más profundo del asunto. Eduardo Brenta, hoy senador de la Vertiente Artiguista y hasta diciembre pasado ministro de Trabajo, dijo entonces que la iniciativa del proyecto no había salido de la cartera que dirigía y que consideraba que no había "premura" para la aprobación. Una de las ideas que las gremiales empresariales manejan es que, cuando se compruebe fehacientemente que el accidente laboral obedeció a la imprudencia, falta de cumplimiento de las medidas de seguridad o no uso comprobado de los elementos de protección por parte del o los trabajadores con resultado de muertes o lesiones, eso eximirá de responsabilidad penal al empleador o a sus dependientes. Creen que la ley tal como está castiga penalmente la mera posibilidad de un accidente.
